El término “terrorismo forestal” (o terrorismo incendiario) es una expresión de carácter social y mediático que se utiliza popularmente para describir la provocación intencionada, masiva o coordinada de incendios forestales. Sin embargo, desde el punto de vista legal y técnico en países como España, no existe el delito penal de terrorismo forestal ni evidencias científicas o judiciales que demuestren la existencia de tramas criminales organizadas detrás de los fuegos.
A continuación se detalla la realidad legal, los mitos recurrentes y las causas reales de los incendios:
Realidad jurídica y penal
- Calificación del delito: Los fuegos intencionados se juzgan bajo el delito de incendio forestal dentro del Código Penal, no bajo leyes antiterroristas.
- Gravedad de las penas: El ordenamiento jurídico ya castiga estos actos con penas de prisión sumamente severas
Los 7 bulos
del fuegoCada vez que el fuego devora miles de hectáreas de monte resurgen algunos de los bulos más recurrentes sobre este tema. Desde Greenpeace España nos hemos propuesto analizar y desmentir todos ellos.
1. ‘Esto es terrorismo ambiental’
Este es uno de los tópicos más frecuentes y, aunque cuesta creer que no haya una conexión entre casi 100 focos en un mismo día, se descarta la teoría de que exista una trama organizada detrás de los incendios, algo que se pueda calificar como “terrorismo ambiental”. Nunca se ha podido demostrar tal cosa.
2. ‘Quieren recalificar los terrenos quemados gracias a la reforma de la Ley de Montes
En 2015, el Partido Popular reformó la Ley de Montes mediante la introducción en el artículo 50 de una excepcionalidad a la prohibición de recalificación de la superficie quemada en 30 años. Hasta el momento, no se ha hecho uso de ella. Tanto antes como después de esa reforma ha habido incendios y el debate se sigue centrando en ella, aunque no ha llegado a ser aplicada.
3. ‘Hay que aumentar las penas a los incendiarios’
El incendio forestal está castigado con penas de prisión de hasta 20 años, además del pago de los daños y perjuicios causados. El debate y las demandas deben centrarse en dotar a las fiscalías de medios suficientes, con personal perito especializado, para realizar todas las investigaciones pertinentes y evitar que los casos acaben siendo sobreseídos por falta de pruebas.
4. ‘Galicia arde por las plantaciones de eucalipto’
El eucalipto es más inflamable, arde bien, pero no hay eucaliptos en muchos de los incendios que han ocurrido. Desde Greenpeace pedimos que se ordene y planifique el monte sin tener plantaciones monoespecíficas que hacen el bosque más vulnerable.
5. ‘Los que queman el monte son pirómanos’
La piromanía es una patología, un trastorno de conducta. Tan sólo el 9,79 % de los incendios tiene detrás a una persona que sufre de esta patología.
6. ‘Es necesario repoblar de forma urgente las zonas incendiadas’
Tras el incendio nacen iniciativas, todas loables, pero desenfocadas en estos momentos. Si queremos ayudar a la recuperación de nuestros bosques, es prioritario proteger el suelo y reducir los procesos erosivos. Las primeras actuaciones de emergencia se deben centrar en frenar los procesos erosivos actuales, controlar las posibles avenidas y posteriormente favorecer la regeneración natural de la cubierta vegetal.
7. “Los incendios forestales son cosa de campo”
En un país en el que los incendios son un problema ambiental de primera magnitud, se hace imprescindible que las viviendas, urbanizaciones, casas, campings, etc., establecidas en el monte (interfaz urbano-forestal) cumplan una serie de directrices para preparar la vivienda frente al riesgo de incendios forestales.
Texto: Ana Martínez
que pueden alcanzar los 20 años de cárcel si existe peligro para la vida o la integridad física de las personas.
- Informes oficiales: Las memorias anuales de la Fiscalía de Medio Ambiente descartan sistemáticamente la presencia de “mafias” o redes organizadas complejas operando a nivel nacional para quemar el monte.
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- Abandono rural: La falta de actividad ganadera tradicional y el éxodo de los pueblos acumula grandes cantidades de biomasa (matorral y madera seca) sin gestionar en los montes. [1]
- Uso imprudente del fuego: Quemas agrícolas deficientemente controladas, negligencias humanas o accidentes con maquinaria pesada provocan un porcentaje crítico de los siniestros. [1, 2]
- Condiciones extremas: Las sequías prolongadas, olas de calor extremo asociadas al cambio climático y los fuertes vientos facilitan que cualquier chispa derive en un megaincendio difícil de controlar. [1, 2, 3]
SEGURIDAD NACIONAL (Concepto y definición)
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 contempla 16 amenazas a la Seguridad Nacional. Estas amenazas han ido variando en número y denominación desde la primera de las estrategias de seguridad aprobadas en España: la Estrategia Española de Seguridad de 2011; y se inspiran en las estrategias de seguridad europeas, tanto las que se tratan en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, como en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea. En España, en la normativa de Seguridad Nacional, al término “riesgo” se le ha dado un significado que se asocia al concepto de amenaza. En este documento se analizarán cómo se contemplan las amenazas a la Seguridad Nacional en las estrategias de Seguridad Nacional y estrategias sectoriales españolas y cómo se conciben las amenazas a la seguridad de la Unión en las estrategia.
La desinformación climática es un obstáculo para la acción para mitigar y adaptarnos a los impactos del cambio climático; las informaciones falsas o sesgadas entorpecen la comprensión pública del problema, y retrasan o incluso anulan la posibilidad de llevar a cabo políticas públicas.
Según los dos últimos Informes de Riesgos Globales -Global Risks Report- elaborados por el Foro Económico Mundial, el problema de la desinformación supone el principal riesgo a corto plazo en el panorama mundial, que junto a los fenómenos meteorológicos extremos, ubicado también en las primeras posiciones del ranking, determinan la clara amenaza para la capacidad de respuesta de instituciones y sociedades ante un inmediato agravamiento de la crisis climática.
El Gobierno de España ha defendido en múltiples ocasiones la necesidad de que los líderes democráticos, de toda condición ideológica, los medios de comunicación, agente sociales y económicos deben ser responsables en su producción comunicativa para salvaguardar la estabilidad social, la convivencia pacífica y los pilares sobre los que se cimientan la democracia. En lo que respecta a la información climática, esta necesidad toma aún mayor urgencia pues no solo se ven amenazados los sistemas democráticos y de bienestar, sino también la continuidad de la vida en nuestro entorno en las condiciones que conocemos hoy.
España destaca por un alto nivel de consenso ciudadano respecto al cambio climático. Las encuestas arrojan cada año un reconocimiento claro de preocupación y de la necesidad de respuesta a esta realidad, sin embargo, cuando el país afronta sus impactos, afloran multitud de informaciones sesgadas, declaraciones descontextualizadas u otras informaciones no veraces que contribuyen a generar alarma social y desconfianza en las instituciones. Estas son algunas de las narrativas no veraces detectadas en la última crisis de incendios del verano de 2025. Asimismo, se estudiará el uso de los términos “amenaza”, “riesgo” y “desafío”, que se recoge en la normativa española y europea
.sE ENTIENDEntendiend la anomalía de una emergencia nacional por incendio